Anestesiólogos denuncian crisis por Mi Salud

Aseguran que pagos de la aseguradora Triple S son irrazonables

Por Cristina del Mar Quiles Inter News Service

Médicos anestesiólogos denunciaron hoy una crisis en la especialidad en la isla debido a lo que consideran pagos irrazonables por parte de las aseguradoras y falta de un acuerdo de contratación con el plan del gobierno, el MI Salud.

La situación, explicó el anestesiólogo Edwin García, ha provocado un éxodo masivo de especialistas a Estados Unidos, donde entienden se fiscaliza mejor a las aseguradoras.

Ahora, dijo, los cerca de 150 médicos que permanecen activos en la isla no dan abasto para ofrecer los servicios a los pacientes en todas las regiones.

"En Puerto Rico el sistema no es funcional, es un fracaso", manifestó García sobre la gestión fiscalizadora del Comisionado de Seguros y de la Administración de Seguros de Salud (ASES).

El galeno mencionó que en su caso se le debe sobre 1 millón de dólares por servicios ofrecidos.

Mientras, el también anestesiólogo Wally López, apuntó que Triple S MI Salud pretende pagarles 32 dólares por un procedimiento como drenaje de abscesos por el que se cobra sobre 150 dólares.

Por ello, apuntaron, más de un 95 por ciento de anestesiólogos no han contratado con Triple S MI Salud. En el caso de Humana MI Salud, el por ciento no llega a 90.

Aseguraron haber agotado todos los recursos burocráticos para conseguir que se les haga justicia sin lograr nada. Les queda acudir al tribunal.

Ambos galenos enfatizaron en que sus servicios no se le han negado a ningún paciente que lo haya requerido, pero estos han tenido que asumir los costos. En caso de aquellos que no cuentan con recursos, el servicio ha tenido que ofrecérsele sin que el médico reciba compensación alguna por su trabajo.

Pasan un calvario los pacientes

Los pacientes optan por no comprar la receta

Por Marga Parés Arroyo /Mpares@elnuevodia.com

“Bomba es”, así respondió María Hernández Rosario cuando recientemente en una farmacia le cobraban $9 por despacharle solo tres pastillas de un medicamento de salud mental que necesitaba tomar.

La imposibilidad de adquirir las medicinas que necesita ha provocado que esta mujer de 39 años, quien padece de depresión, esté más ansiosa.

“Esto me ha afectado los nervios”, dijo Hernández Rosario, oriunda del municipio de Dorado.

Mientras antes esta beneficiaria del Plan de Salud del Gobierno no pagaba nada de deducible por los medicamentos que necesitaba, ahora le cobran $1 por cada fármaco genérico y $3 por cada medicina de marca u original.

Esa es la cantidad que se les cobra a los aproximadamente a 900,000 beneficiarios de Mi Salud que caen bajo el programa federal de Medicaid, esto es, que generan un ingreso mensual de 0 a $400.

Esta mujer, paciente, además, de varias condiciones de salud crónicas, está incapacitada, por lo cual no trabaja.

Como ejemplo del calvario que vive, Hernández Rosario narró cómo a finales del mes pasado salió de una hospitalización en una clínica de salud mental con una receta de unos medicamentos que le urgía tomar.

“Después no pude ni comprarlos. No es justo”, lamentó la mujer que ayer acudió a su grupo médico primario en Levittown para que le evaluaran la hinchazón que tenía en una rodilla tras haber sufrido una caída.

“Me mandaron a sacar placas en la rodilla y en la cadera, me mandaron a hacer unos laboratorios y a comprar dos medicamentos, pero no voy a poder comprarlos ni hacer nada porque no tengo chavos”, dijo en tono de desesperación esta mujer, quien diariamente debe tomar siete medicamentos para sus diversos padecimientos.

María Montalván, de 62 años, es otra beneficiaria de Mi Salud que se ha visto afectada con la imposición de deducibles en los medicamentos.

“Antes no pagaba nada y el otro día tuve que dejar una receta en la farmacia porque me estaban cobrando $7 por la medicina”, dijo Montalván, residente del municipio de Toa Baja.

Paciente de diabetes, alta presión y angina de pecho, entre otras condiciones de salud que también padece, Montalván lamentó cómo desde hace varios meses, según ella, desde el cambio a la aseguradora Triple-S en su región, no ha podido tomar los cinco medicamentos que necesita diariamente.

“Les dije en la farmacia que no tenía dinero. ¿De dónde lo saco si no tengo marido?”, lamentó la sexagenaria.

Montalván comentó que, como no se ha podido tomar sus medicinas, tampoco ha ido a sus visitas de seguimiento, como a la de su cardiólogo ya que, según dijo, también debe pagar un deducible cuando visita a este especialista.

“Me he sentido peor”, confesó.

La fémina, de hecho, acudió ayer a su grupo médico primario ya que tenía las piernas hinchadas por la mala circulación, condición que también padece.

“Me cobraron $5 por la inyección que me pusieron”, dijo Montalván mientras esperaba, en una parada pública de autobús, vehículo que la transportaría de regreso a su hogar.

“Esto va de mal en peor”, lamentó Hernández Rosario, quien también estaba a su lado en espera del autobús.

Golpe al bolsillo de los pacientes de Mi Salud

Aumentan hasta 700% los deducibles de farmacia

Por Marga Parés Arroyo /Mpares@elnuevodia.com

La sobreutilización de salas de emergencias, hospitalizaciones y servicios de farmacia provocó que el Gobierno impusiera deducibles más altos a los usuarios de Mi Salud, algunos de los cuales reflejan incrementos de hasta un 700 por ciento.

Estos copagos responden, además, a cambios que se cocinan en el Programa de Medicaid desde hace tres años.

Básicamente, dos leyes federales (el Deficit Reduction Act, 2005 y el Tax Relief and Health Care Act, 2006) abrieron paso a que los estados y territorios de los Estados Unidos pudieran imponer deducibles sobre algunos beneficios de Medicaid.

A nivel local, recientemente es que se está notando el efecto de estos cambios. Esta semana el Gobierno reconoció que la implantación de los copagos en la compra de medicamentos y el uso de salas de emergencia entre los beneficiarios de Mi Salud responde a requisitos del Gobierno federal ante el uso inadecuado de ciertos servicios en diversos estados, incluyendo a Puerto Rico.

Varían los deducibles

“Los deducibles se establecieron según el nivel de indigencia que certifica Medicaid”, sostuvo Frank Díaz Ginés, director de la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Según explicó, bajo el Programa Medicaid que aplica en Puerto Rico hay dos clasificaciones. Una de estas es la de población federal -que incluye a 900,000 personas- que cobija a aquellos con ingresos mensuales de 0 a $400. La otra es la población estatal, que abarca unas 600,000 personas cuyos ingresos mensuales están por debajo de los $800. Estas dos poblaciones componen los 1.5 millones de beneficiarios de Mi Salud.

A tono con los cambios promulgados por Medicaid, en los medicamentos, por ejemplo, la población federal pagará $1 por cada medicina genérica o bioequivalente. Si el fármaco es de marca u original, el deducible será de $3.

Mientras tanto, para la población estatal de Medicaid, los copagos de las medicinas genéricas o bioequivalentes son de $1, $2, $3 y $5 (por medicina), acorde a los ingresos y nivel de elegibilidad del asegurado. Para esta población, los deducibles de los medicamentos de marca u originales son de $3, $4, $5 y $7, igualmente, acorde al nivel de elegibilidad del beneficiario.

Según Díaz Ginés, hay dos razones que aparentan explicar el aumento en el uso de los servicios de farmacia.

Una de estas es que, por primera vez, los pacientes con condiciones crónicas no tienen que regresar a sus médicos por nuevos referidos para repetir sus recetas, porque las tienen ya certificadas por el año.

“Por otro lado hemos visto casos donde pacientes han abusado de los servicios, como, por ejemplo, un asegurado que recibió 316 recetas al año y otro que obtuvo 40 recetas en un mes”, dijo Díaz Ginés.

sin copagos

El Programa de Medicaid establece que no se podrán imponer copagos a ciertos servicios, como las emergencias, la planificación familiar, los servicios relacionados a un embarazo o servicios preventivos para menores de 21 años. Tampoco se podrán imponer deducibles a personas que padezcan de una enfermedad terminal y a individuos que estén institucionalizados.

Sin embargo, el Programa Medicaid permite que se impongan copagos a asegurados que utilicen los servicios de sala de emergencia sin tener una emergencia real, según lo determine el hospital.

Además, el deducible aplicaría a personas que hayan acudido a una sala de emergencia en lugar de recurrir a otro tipo de servicio de salud que tenía dis ponible, a menor costo.

Así mismo, indicó que también implantaron copagos por las hospitalizaciones para los beneficiarios de Mi Salud.

“Hay personas que no van a pagar nada, pero otros pagarían hasta $20”, comentó Díaz Ginés, sobre el deducible que se les impondría a los asegurados por una hospitalización.

Para la población estatal de Medicaid, por ejemplo, los deducibles de hospitalización varían de $3, $5, $6 y $20.

Según el funcionario, estudios realizados en Puerto Rico revelan que la población de Mi Salud visita las salas de emergencia un 40% más que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos, con un promedio que sobrepasa las mil visitas por cada mil habitantes.

De sorpresa

Aunque Díaz Ginés comentó que el Gobierno había anticipado que haría cambios en los copagos de medicinas y los servicios de sala de emergencias, la situación aparenta haber tomado por sorpresa a los beneficiarios, según un sondeo realizado por este diario (página 6).

El funcionario, de hecho, reconoció que próximamente será que el Gobierno emita una campaña en los medios de comunicación orientando a los beneficiarios sobre los cambios en el Programa Medicaid y la imposición de deducibles en varios servicios.

Indicó que les corresponde a las aseguradoras Humana y Triple-S el emitir unas comunicaciones a los beneficiarios informándoles de esta situación.

En declaraciones escritas, el secretario de Salud, Lorenzo González, comentó que “cónsonos con parámetros establecidos en otros estados, hemos implementado una serie de medidas que garantizan el cumplimiento con estatutos federales y, más importante, el uso apropiado de los recursos disponibles”.

Evalúan elegibilidad

El Programa Medicaid certifica anualmente el nivel de elegibilidad de los asegurados de Mi Salud.

Díaz Ginés recordó que, para medir los ingresos de un individuo, bajo los parámetros de Medicaid se toman en cuenta varios factores, como los recursos que tenga a su nombre, incluyendo residencias, propiedades, fincas y vehículos de motor.

Comentó, sin embargo, que, al igual que el Gobierno hizo hace dos años, hay casos que ameritan que se verifique si la propiedad a nombre del individuo le genera o no ingresos.

“Por ejemplo, pueden haber fincas a nombre de la persona, que estén abandonadas y no le generen ingresos, o siete o diez vehículos que estén a su nombre, pero que, al verificar, son solo chatarra”, dijo.

Excepciones en la imposición de copagos

1) Mujeres embarazadas

2) Menores de 21 años

3) Personas institucionalizadas

4) Personas con alguna enfermedad terminal (en un hospicio)

5) Medicamentos de planificación familiar

6) Servicios de emergencia (realmente necesarios)

7) Mujeres en el Programa de Tratamiento para Cáncer de Mama y Cervical.

Fuente: www.medicaid.gov

Emergencias

Estudios realizados en Puerto Rico revelaron que, entre los 1.5 millones de beneficiarios de Mi Salud, hay una sobreutilización de los servicios de sala de emergencia.

Muchos de estos casos son certificados, posteriormente, como no emergencias. De hecho, la población de Mi Salud visita las salas de emergencia un 40% más que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos.

http://www.elnuevodia.com/videos-noticias-aumentoendeduciblesdemedicamentos-1313087685001.html

Quedan sin servicio ginecológico 12,000 embarazadas

17 Septiembre 2011

Quedan sin servicio ginecológico 12,000 embarazadas

Por Marga Parés Arroyo / Mpares@elnuevodia.com

Doctores no fueron notificados de cancelación de Mi Salud

A unas dos semanas de dar a luz, Tamarye Pantoja, de 16 años, se encuentra ante la incertidumbre de cómo costeará el parto. Esto, luego de que su médico, José Luis Ortiz Colón, le informara ayer, en una visita prenatal, que recientemente se enteró que su contrato, al igual que el de todo ginecólogo obstetra de la red general de MCS, había quedado cancelado para ofrecer servicios a beneficiarios de Mi Salud.

Tras recibir la noticia, tanto Pantoja como Eduardo Rivera, de 19 años, permanecían casi mudos. Rebeca Pagán, madrina de Pantoja y quien se encarga de llevarla a sus citas médicas y costear algunos gastos relacionados, lucía furiosa.

“El médico no se ha negado a dar los servicios, pero ahora hay que costear los gastos y no se sabe cuánto es”, dijo.

Ayer Pagán fue a la oficina de MCS en Manatí, con una hoja de “Compromiso de Pago” que el médico le pidió que llevara para autorizar los servicios.

Allí, alegadamente, le indicaron que el médico no había firmado contrato y la exhortaron a solicitar servicios en Centro Médico, lo que catalogó como “inaceptable”, particularmente por la cercanía del parto. Pagán, sin embargo, tiene copia de una carta donde MCS certificó que Pantoja sería atendida por Ortiz Colón hasta noviembre.

El Nuevo Día obtuvo copia de la carta que se le envió a “todos los ginecólogos y obstetras participantes de la red general de MCS”. Fechada el 24 de junio, esta informa de la cancelación de los contratos, aunque indica que a embarazadas en su segundo trimestre “el período de transición puede ser extendido hasta la fecha de alta de hospitalización de la madre por razón de parto o a la fecha de alta del neonato, la que sea posterior”.

Sin embargo, el caso de Pantoja demuestra lo contrario. Y no es el único. Tanya Vega, de 31 años y ocho meses de embarazo, también se enteró ayer de que a su proveedor de salud, Ortiz Colón, le fue cancelado el contrato.

“A mi entender la cubierta de MCS, durante el período de transición, iba a ser hasta el 31 de octubre”, dijo.

Por su parte, Ortiz Colón comentó que se enteró de la cancelación del contrato cuando la semana pasada una colega fue a la aseguradora a reclamar por unas facturas no pagadas.

Junto al doctor Ángel Luis Gelpí y William Ramírez Cacho, de la Cooperativa Oby/Gyn, Ortiz Colón explicó que son muchas las pacientes que han enviado a MCS para que se les autorice la continuación de servicios, aunque allí supuestamente les informan “que esos son asuntos del proveedor y los envían a San Juan, a Centro Médico”.

Recalcó que ginecólogos del área norte y otras regiones de MCS desconocían de la situación pues “ya es común que las reclamaciones vengan en cero”.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada”, comentó Gelpí, presidente de la cooperativa, quien indicó que ya le han informado de esta situación al senador Ángel “Chayanne” Martínez; al procurador de la Salud, Carlos Mellado; al Colegio Médicos y a la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Sin embargo, al cierre de esta edición, el director de ASES, Frank Díaz Ginés, aseguró -mediante comunicado de prensa- que desconocía de la situación y que fue ayer mismo que MCS le ratificó la cancelación de los contratos.

Recalcó que ello “no procedía” y que “bajo ninguna circunstancia” las pacientes deben quedar desprovistas de atención médica. Según él, el gobierno tiene al día los pagos con MCS.Por lo pronto, ayer Ortiz Colón se preparaba para atender un parto de una asegurada de Mi Salud. “Lo que queremos es que se nos garantice el pago”, recalcó.ContradiccionesEl presidente de MCS/HMO, José Durán, negó ayer tarde, a través de una escueta declaración escrita, que la aseguradora le esté limitando la cubierta a las 12,000 embarazadas que están actualmente recibiendo servicios médicos en las cinco regiones que la Administración de Seguros de Salud (ASES) les había asignado. “MCS no ha limitado el acceso a los servicios a sus asegurados. La carta a la que se hace referencia fue una comunicación dirigida a los proveedores y garantiza la continuidad de servicios a los mismos”, dijo Durán.12 milEmbarazadas recibiendo servicios en las cinco regiones que MCS maneja bajo Mi Salud (Oeste, Norte, Metro Norte, San Juan y Este) 480 Ginecólogos obstetras contratados bajo MCS en sus cinco regiones. 829,100 Cantidad de asegurados que tiene MCS en sus cinco regiones

Engaño que se repite contra el Medicare

02 Septiembre 2011

 Fiscalía Federal los acusa de reclamar cientos de miles a Medicare por servicios que no daban

Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

El fraude al plan de salud de Medicare, de radicar reclamaciones por servicios no prestados y de proveer equipo médico o medicinas que no necesitan los beneficiarios, lleva una ruta alcista en Puerto Rico y ayer la Fiscalía Federal radicó cuatro nuevas acusaciones contra una decena de personas que lograron presuntamente obtener millonarios reembolsos ilegalmente.

Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal, destacó que el problema del fraude a Medicare, que en Puerto Rico abarca a 600,000 beneficiarios, afecta seriamente a los envejecientes, una de las comunidades más vulnerables de la sociedad, y ante el incremento de estos casos en el País las agencias federales han designado más personal para investigar los distintos esquemas de fraude.

“Medicare es el plan de salud de todos nosotros y sirve a las comunidades más vulnerables como son los envejecientes. Los arrestos de hoy (ayer) demuestran que las autoridades de ley y orden no vamos a tolerar a los criminales que participen en estos esquemas fraudulentos para enriquecerse, los cuales provocan un efecto detrimental en los fondos de Medicare, que están destinados a ayudar nuestra población de envejecientes”, destacó Rodríguez Vélez.

Triplican la cifra de agentes

Según la fiscal federal Julia Díaz Rex, coordinadora del ‘task force’ de Fraudes a Planes Médicos y quien está a cargo de los casos anunciados ayer por Rodríguez Vélez, el problema del fraude a Medicare ha provocado que el Departamento de Salud Federal y la Oficina del Inspector General (HHS) tripliquen la cantidad de agentes federales para investigar estos casos.

“Si quieres una idea de cómo está el fraude en Puerto Rico a planes de salud, teníamos tres agentes de HHS y ahora son nueve. Eso es bien significativo, triplicar el número de agentes es significativo”, destacó Díaz Rex.

El año pasado, el Departamento de Justicia federal recuperó más $5,000 millones por concepto de fraude a Medicare en todo Estados Unidos.

La fiscal Díaz Rex explicó que cuando radican las acusaciones, solicitan confiscaciones y ese dinero va a un fideicomiso para restablecer las pérdidas al plan de salud.

Ayer HHS junto a la oficina del Servicio Secreto de Estados Unidos realizó 13 órdenes de arresto, entre las que estaban las emitidas contra los galenos hermanos José López Díaz, un médico generalista, y Carlos López Díaz, quien es dentista.

“Durante la conspiración, entre enero de 2006 y julio de 2011, José López Díaz facturó a Medicare por servicios que no había ofrecido, incluyendo 1,825 reclamaciones por servicios que supuestamente le había dado a pacientes en la Sala de Emergencia del Guaynabo Medical Center cuando la realidad es que nunca ha trabajado en esa clínica”, señaló Rodríguez Vélez.

En ese esquema participaron las dos hijas de José, Nicole y Ana López Villamil.

Desde el 2008 hasta el presente, incluyendo los tres galenos arrestados ayer, más de 15 doctores han sido acusados por las autoridades federales por cometer fraude a planes de salud.

Llenos de lujos

“La gente viola la ley para enriquecerce rápidamente, tener objetos de lujos, tener propiedades caras y un mejor ‘standing’ social. El caso de hoy (ayer) es un ejemplo claro de esto. Tenía un Lexus, una propiedad en la urbanización Paseo de San Juan con un valor sobre $1 millón, un apartamento en Río Mar de $500,000 y 100 piezas de joyería fina que incluye pulseras John Hardy, David Yurman y piedras preciosas valoradas en $500,000”, declaró la Fiscal Federal.

Según Rodríguez Vélez las personas que se meten en estos esquemas fraudulentos solo buscan un mejor estilo de vida a expensas de otros.

Serio problema en Puerto Rico

“Puerto Rico tiene un serio problema con los casos de fraude. El líder en estos casos es Miami, pero Puerto Rico está en una posición alta con reclamaciones falsas a Medicare mayormente por equipos médicos que no necesitan los beneficiarios como sillas de rueda eléctricas o prótesis”, indicó por su parte Thomas O’Donell, director del Departamento de Salud Federal y Oficina del Inspector General.

“Quieren un mejor estilo de vida aun cuando son médicos y quieren más. La forma de tener ese beneficio adicional económico es violando la ley”, dijo, por su parte, la jefa de la Fiscalía Federal al intentar explicar qué lleva a médicos con una carrera a incurrir en delitos que podrían costarle su futuro profesional.

Otros implicados

Ayer, en las cuatro acusaciones emitidas por un gran jurado federal el 26 y 29 de agosto, entre ellas una acusación enmendada, los esquemas de fraude al Medicare fueron distintos y además de médicos fueron arrestados Damaris Carrasco Flores, presidenta de Las Piedras Medical Equipment y Nahomy Báez Martínez, exempleada de Medicare y Mucho Más (MMM).

“Este acto aislado es uno lamentable que no representa los valores y compromiso de nuestros más de 1,300 empleados que día a día se afanan por servir con calidad a nuestros afiliados. Nuestra empresa se destaca por hacer lo correcto y tenemos cero tolerancia en estos casos”, reaccionó por su parte, Orlando González, presidente de MMM.

Cuestionan las prácticas de los médicos

06 Septiembre 2011

11:50 a.m.

Ponen en entredicho a los planes médicos en su manejo de la salud mental

Por Daniel Rivera Vargas

Las prácticas de los planes médicos relacionadas a servicios de salud mental fueron cuestionadas por dos agencias de gobierno y un grupo no gubernamental en un informe que está pautado a ser recibido hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.

Se trata del informe de la resolución 1488 que evaluaba la continuidad de los servicios de farmacoterapia en los pacientes de salud mental. El presidente de la comisión de salud, José "Pichy" Torres, recomienda al cuerpo que a raíz del informe se apruebe legislación que se le de mayor prioridad en la agenda gubernamental al tema de la salud mental y se promueva la expansión de los servicios de tratamiento.

"Algunas aseguradoras no reconocen la capacidad de los médicos primarios para identificar enfermedades mentales, condicionando la prescripción de medicamentos al psiquiatra. Ahora bien, los especialistas en psiquiatría no están disponibles en todo momento, excepto en hospitales especializados para tratar enfermedades mentales y para condiciones de emergencia. Este concepto de algunas aseguradoras obliga al médico primario a referir al paciente a una sala de emergencia psiquiátrica, cuando en realidad no hay indicaciones relativas en absolutas, incurriendo en costos innecesarios", expone la Administración de Servicios Médicos (ASEM) en el informe final sobre la resolución de la Cámara 1488.

La ASEM también indica que las aseguradoras proveen los medicamentos por menos tiempo que el recetado por los médicos. "Pone en riesgo la continuidad y el éxito del tratamiento, y por otro lado crea un potencial riesgo para el paciente", según la ASEM.

Mientras, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) dice que en algunos medicamentos "algunos planes médicos limitan el pagar la receta a su beneficiario a menos que la receta haya sido hecha por un psiquiatra".

Según continúa el informe, esto obliga a las poersonas a ir a un pisquiatra a veces aunque esa no es su deseo, o en algnos casos a que los ciudadanos paguen de su propio peculio los medicamentos por diversas razones, como que se les hace difícil localizar a un psiquiatra o porque "tiene gran estigma visitar al psiquiatra".

En la ponencia, Assmca también dice que cualquier médico licenciado, sin importar su especialidad, puede recetar medicamentos como psicotrópicos, lo que "puede resultar en el uso indebido de estos medicamentos".

Mientras tanto, la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico indica que "a través de los últimos 30 a 40 años las compañías de seguros médicos son los que han fijado los parámetros de tratamiento de la medicina privada en Puerto Rico" y que "las aseguradoras no cubren la red de servicios esenciales que complementan el continuo de servicios tales como terapia recreativa, terapia ocupacional y limitan severamente otros servicios de tratamiento como tratamiento ambulatorio intensivo, diurnos, medicamentos psicotrópicos, etcétera".

No renuncia el secretario de Salud

El Secretario aseguró que Mi Salud continuará y rechazó nuevamente las propuestas para cambiar el modelo, a un pagador único. (Primera Hora/Gerald López Cepero)

No renuncia el secretario de Salud

jueves, 21 de julio de 2011
01:48 p.m. 
Rosita Marrero / Primera Hora

El secretario de Salud, Lorenzo González, rechazó los fuertes rumores sobre su renuncia al afirmar que continua al mando del Departamento, con el absoluto  poder sobre Mi Salud, independientemente de que la Administración de Servicios de Salud (ASES) ha sido puesta en sindicatura.

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“No estoy renunciando, para sacar eso del camino”, dijo el Secretario de Salud al contestar  rumores sobre su destitución durante una rueda de prensa improvisada celebrada hoy en  sus oficinas.

“Cada vez que voy a La Fortaleza a reunirme con el secretario de la Gobernación, Marco Rodríguez Ema, me preguntan si voy a renunciar”, agregó.

Explicó que si fuera el caso, su contrato estipula que tiene  60 días para hacerlo, y de inmediato aclaró: “ y no estoy diciendo que lo voy a hacer”, arrancando risas. Agregó que  va a La Fortaleza con regularidad.

Al preguntársele si habrá despidos en ASES, luego de que un equipo fiscal del Banco Gubernamental de Fomento asumiera la supervisión de las operaciones administrativas y fiscales de la entidad, fue parco.

¿Va a haber despidos?

“En este momento no hay planes de despido. Se está evaluando todo. Personal y todo”, dijo.

Y el  director de ASES, ¿le ha presentado la renuncia?

“No”.

¿La va a pedir?

“En este momento, no”.

¿Pero lo puede considerar?

En este momento no.

Rechaza sindicatura

González rechazó el término sindicatura ante la presencia del equipo del  Banco Gubernamental de Fomento,  señalando que no sabe quién lo utilizó. Se le aclaró que fue el propio secretario de la Gobernación, Rodríguez Ema.

¿Qué sucedió con ASES?, se le preguntó.

“Yo había dicho desde un principio mi preocupación  de que manejar  una cartera  de $2 mil millones era muy complejo y que ASES tenía que evolucionar la forma como acostumbraba a operar”, apuntó.

“En la medida que el año pasado pedimos una línea de crédito al banco Gubernamental de Fomento, un préstamo (que no precisó) para rectificar la deuda que siempre se carga para  resetear en cero. Como parte del Memorando de Entendimiento, el Banco Gubernamental se reservó su potestad de tener un grupo  fiscal”, dijo.

El Departamento tiene muchos recursos en ASES e indicó que se dieron cuenta que  se tenía que enmendar, porque “ASES seguía haciendo las cosas de la misma forma”, dijo.

“Marcos necesitamos un equipo”, dijo González que demandó a Rodríguez Ema.

“La petición viene de mi parte. La presunción que hay sobre la sindicatura es que pierdo poder”, mantuvo.

Se le cuestionó  si una figura como Alberto Velázquez, que fue motivo de controversia en el Departamento de Educación, está capacitado para dirigir el equipo fiscal. “El Banco presentó el equipo. No lo conozco. Es una persona estructurada, organizada, sistemática y puede producir cambios estructurales, con mucha disciplina y mucho foco”, dijo.

Aclaró que la junta de ASES existe.

Desde el 2009,  cuando comenzó González,  dijo que se le han estado  efectuando muchos cambios a ASES, como es el poner recursos administrativos y legales.

Relató que cuando comenzó Mi Salud, al noveno mes, se acabó el dinero y por eso consiguió dinero para subsanar la deuda. Indicó que el préstamo fue  de $180 0 $190 millones.

El Secretario aseguró que Mi Salud continuará y rechazó nuevamente  las propuestas para cambiar el modelo, a un pagador único.

González asumió toda la responsabilidad sobre el funcionamiento de la reforma.

 “Yo estoy en esto. Yo me quedo. Mi Salud sigue siendo mi responsabilidad”, dijo.

¿Y si colapsa?, se le insistió.

“Yo soy  responsable de todo lo que pase en Mi Salud.

¿Si colapsa?, se le preguntó nuevamente.

“Es cien por ciento mi responsabilidad. No puedo pasar la responsabilidad a nadie”, sostuvo

Quality of medical care in PR questioned

Quality of medical care in PR questioned

By Stefan Antonmattei

Of the Daily Sun Staff

santonmattei@prdailysun.net

A study published in the Archives of Internal Medicine found that more people died in U.S. territories hospitals than in U.S. hospitals. According to its author, Dr. Marcella Nuñez-Smith, M.D., MHS, and a faculty member of Yale University’s Medical School, the differences are significant. More than 90 percent of the population from the U.S. territories are from Puerto Rico, so the study has significant meaning for the island.

In an exclusive interview with the Daily Sun, Dr. Nuñez-Smith said the statistical data was significant. Other health officials consulted in Puerto Rico concurred with her assessment.

“Virtually all of the territorial hospitals performed below the U.S. national averages,” read the study which was conducted from July 2005 to June 2008 and included 53 territorial hospitals and 4,595 stateside hospitals with data provided by the Centers for Medicare and Medicaid Services.

“Mortality rates were significantly higher in the territories … For acute myocardial infarction (AMI) it was 18.8 percent in the territories versus 16 percent in the states; for heart failure (HF) 12.3 percent versus 10.8 percent; and for pneumonia (PNE) 14.9 percent versus 11.4.

“The study cohort included hospitals in the U.S. territories and in the U.S. states, inclusive of the District of Columbia, that discharged at least one Medicare fee-for-service (FFS) adult patient with a primary diagnosis of AMI, HF, or PNE between July 2005 and June 2008. Additional patient inclusion criteria included at least 12 months of continuous Medicare FFS coverage prior to the index admission in order to accurately capture patient comorbidity.”

For the study, Puerto Rico’s population was estimated at 3.9 million, American Samoa at 57,000, Northern Mariana at 69,000, Guam with 155,000, and the U.S. Virgin Islands at 108,000.

The author’s grandfather emigrated through Puerto Rico and settled in the U.S. Virgin Islands. Nuñez-Smith was born in St. Thomas, part of the U.S. Virgin Islands and has visited Puerto Rico many times.  Calie Santana, M.D., MHS, a Puerto Rican physician also participated in the study.

Asked whether the populations of the territories were sicker than those in the states, Dr. Nuñez-Smith answered in the negative. “We are not sure why more people are dying in territories hospitals than in the states. There are differences but the variances are small,” she said. “The study suggests we should look into other variances such as access to medical providers, how soon patients get to a hospital, timely treatment, and how funding streams affect federal, state, and insurance reimbursements to medical providers,” said Dr. Nuñez.

Another fact noted in the study was the percentage of hospitals that were privately owned versus those who were publicly owned or managed by a not-for-profit organization. In the case of Puerto Rico, many more hospitals were privately owned in comparison to the states, where most hospitals are publicly owned or are managed by not-for-profit organizations. Hospital characteristics were derived from the 2007 American Hospital Association Survey.

Dr. Nuñez-Smith said that she could not make an assumption, but that it should be studied whether a for-profit hospital thinks and responds to patients in the same manner as a not-for-profit hospital would.

“Our findings reveal a marked geographic disparity that affects a subset of racial/ethnic minority populations in the United States. Hospitals in the U.S. territories, on average, have significantly higher RSMRs [Risk-Standardized Mortality Rate] than hospitals in the U.S. states. The magnitude of differences across these rates raises concerns about differences in the quality of care … We also found that risk-standardized readmission rates were higher in the U.S. territories for AMI and PNE prior to adjustment. Again, almost all of the hospitals in the territories performed worse than the average in the U.S. states, although these associations were not significant after adjusting for hospital characteristics and core process measure performance. Still, readmission rates for all the hospitals were high, and although the disparity was not as prominent as with the mortality measure, the need for improvement is clear.”

The conclusion of the study reads “Compared with hospitals in the U.S. states, hospitals in the U.S. territories have significantly higher 30-day mortality rates and lower performance on every core process measure for patients discharged after AMI, HF, and PNE. Eliminating the substantial quality gap in the U.S. territories should be a national priority.”

Puerto Rico’s Health Secretary

Earlier on Wednesday, The Daily Sun requested Puerto Rico Health Secretary, Lorenzo González’s reaction to the study.

González noted that “the article recognized the disparities in funds awarded to territories in comparison to those granted to states to address healthcare services.” He also stated the article “acknowledges how our territorial status limits our participation in any public policy discussion regarding the limited funds Puerto Rico receives in terms of healthcare.”

The article also mentioned a General Accounting Office study of 2003 which indicated that Medicare beneficiaries in the Continental U.S. receive an average of $6,300 per patient compared to $2,800 for U.S. citizens living on the island.

González, however, stated that “hospitals in the U.S. territories have to meet quality healthcare standards and be certified by the Joint Commission as well as CMS just like hospitals in the continental U.S.,” and argued that “the doctors working in these facilities around the island are as competitive as any you can find in other institutions abroad. We guarantee that Puerto Rico has a professional medical class dedicated to the well being of our patients and many of our professionals working in hospitals on the island are Board Certified,” said González.

González also noted that the study cited in the article had some limitations since it only analyzed Medicare patients, excluding the younger and healthier populations. He added that the study was also based on claims data and didn’t include a clinical review of the patients’ medical records to identify any other factors that could impact the findings described in the study.

Other experts comment

The Archives of Internal Medicine also published an accompanying commentary written by Nilsa Gutiérrez, M.D., MPH, in which she provides her opinion on Dr. Nuñez’s study. Dr. Gutiérrez document is titled, “Understanding Health Care Disparities in the US Territories.”

In her commentary Dr. Gutiérrez says: “Congress has played a major role in shaping the financing of health care services since the passage of the Social Security Act of 1965. Laws involving Medicare and icaid often include language about application in the U.S. territories. Typically, formulas used for territorial Medicaid allocations direct most funding to Puerto Rico, the largest territory. With a population of 4 million, Puerto Rico accounts for 90 percent of the total territorial population and has a larger population than 26 U.S. states and Washington, D.C. This leads the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, with population sizes between 70,000 and 170,000 people, to raise concerns about the impact of the current allocation methodology on their ability to strengthen a fragile health care infrastructure and respond to the changing demands of medical practice and service delivery.”

A health care industry expert who has worked in Puerto Rico for many years, but asked to remain anonymous, spoke about Dr. Nuñez-Smith study.

“The numbers in the study point out that the results are significant: that is, that we are worse than in the U.S. with respect to complications — mortality and readmission — after the person leaves the hospital. Complications can occur for several reasons: first, the patient had problems accessing services and the doctor was late in treating the patient; second, the service provider is giving a poor quality of care; and third, the patients did not have enough resources to control their condition and the condition itself worsened (lack of health education, lack of medicines, lack of a physician’s follow-up).”

The physician also said: “Any of these complications may be due to the financing of the health system (public and private) where the patient has a hard time accessing the services they need. Taking into account that the study is not just Reforma or Mi Salud (government health plans), but that it includes the entire population of Puerto Rico, one cannot rule that we are not doing good medicine on the island.”

Regarding the streams of health funds, the expert said: “It is important to know the source of fee payment for the patients, if it is Medicaid or a private plan. One has too see how they are distributed according to each health plan. A study on diabetics conducted in 2003-2004 showed that the drugs that are prescribed to patients [in Puerto Rico] were worse than those prescribed to diabetics in the U.S. The question then arises, what do doctors on the island prescribe to patients who have a good health plan? We never received an answer. For me the issue of quality of care, which demonstrates that there is poor quality medical care, has to do with the patterns of medical practice and not the health plan that the person has. There is a lot of pre-authorization and people get tired of the bureaucracy, arriving late [for treatment]. I think the government is second guessing what is really going on in Puerto Rico because they lack clinical information and feedback on the treatment of patients. This may be because physicians shy away from treating new patients because there are no guarantees that the insurers will pay them, or because there are insufficient resources for the patients to take adequate medicines to stay as healthy as possible, or because there is no tradition of visiting the doctor and maintaining a therapeutic engagement.”

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/archinternmed.2011.284
original study