Sunday, September 18, 2011

Ahora hay intervenciones federales significativas en PR

18 Septiembre 2011
Más grande la lupa federal
Ahora hay intervenciones federales significativas sobre Educación, Familia, la Policía y el acceso a los beneficios del Seguro Social por incapacidad
Por José A. Delgado / Jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - La lupa federal se ha fijado más cerca de los departamentos del gobierno de Puerto Rico, lo que ha puesto en tela de juicio la prudencia y el orden con la cual las autoridades de la Isla manejan miles de millones de dólares de programas estadounidenses.
En términos de las intervenciones federales no hay caso más espectacular reciente que los recientes hallazgos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las continuas violaciones cometidas por la Policía contra los derechos civiles y constitucionales de los residentes de la Isla.
Pero en este momento hay también intervenciones federales significativas sobre los departamentos de Educación, Familia y el alto acceso que se tiene en Puerto Rico a los beneficios del Seguro Social por incapacidad.
En diciembre pasado, además, la propia Oficina del Gobernador fue señalada por la falta de controles internos adecuados para supervisar la distribución de los más de $1,140 millones que recibió directamente en fondos de educación de la ley ARRA de 2009.
Para la excontralor Ileana Colón Carlo, la mayor fiscalización federal refleja que la Oficina del Contralor que una vez ella encabezó ha perdido efectividad.
“En el pasado el inspector general nos pedía hacer nosotros las intervenciones, ahora si no lo hacen en Puerto Rico pues ellos tienen que intervenir”, dijo Colón Carlo, quien dirigió la Contraloría desde 1987 a 1997.
A pesar de que a mediados de junio pasado se dio por cumplido un acuerdo de entendimiento que desde 2007 regulaba principalmente el uso de los fondos federales para el aprovechamiento académico de los programas título 1 y educación especial, dos semanas después el Departamento de Educación federal decidió mantener bajo supervisión estricta el funcionamiento del programa de educación especial.
Las fallas reiteradas en julio pasado sobre educación especial, conocidas hace unos días, incluyen el manejo de los contratos de transportación.
Las deficiencias del sistema contratos son un problema recurrente y de “alto riesgo” en los señalamientos federales no sólo de Educación, como indica un informe de enero pasado de la Oficina del Inspector General de Educación federal, sino en otras agencias.
“El problema mayor es el del favoritismo. Por ser mi amigo o mi pariente te favorezco a ti. Cuando esto ocurre se influye en las subastas independientemente de si las personas tienen las destrezas y calificaciones para manejar los fondos”, sostuvo Colón Carlo.
Por el momento no habrá sanciones contra el DE que impliquen congelar las asignaciones de los cerca de $112 millones que recibe el programa de educación especial de Puerto Rico. Pero eso será una posibilidad sin en los próximos dos años no se eliminan las fallas señaladas.
Falta de continuidad
La falta de continuidad de los programas y de los empleados con experiencia en el manejo de los fondos federales ha sido otro factor presente en las críticas del gobierno estadounidense.
Los primeros informes de Educación federal sobre el DE a principios del gobierno de Luis Fortuño, por ejemplo, hicieron hincapié en la importancia de haber mantenido a comienzos del cuatrienio parte del equipo de la anterior administración.
Después de momentos de tensión que coincidieron con los cambios administrativos generados por el despido de empleados como consecuencia de la ley 7, Fortuño tuvo que colocar al DE en una sindicatura local para evitar un descalabro.
En el informe sobre el funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, Justicia federal destacó, además, la alta influencia de la política partidista en el cuerpo policial, al punto que “repercute negativamente en el grado de confianza que los agentes tienen en sus superiores” y en cualquier posibilidad de reforma.
La falta de documentación fiable es otro mal recurrente.
“Al Gobierno federal le gustaría que se maneje información electrónica de una manera consistente”, indicó el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi, quien estuvo la semana pasada en reuniones en Washington.
Como parte del análisis en torno a la Policía, en el Departamento de Justicia causó alarma la cantidad de querellas que la Policía documenta y archiva en papel, según fuentes federales.
En un estudio de 2010, la Administración Federal de Asuntos de Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) -adscrita al Departamento de Salud estadounidense- determinó, por su parte, que el Departamento de la Familia de Puerto Rico no cumplía con los estándares necesarios para garantizar el bienestar de los niños bajo su custodia.
Entre los hallazgos -tras un análisis de los meses de abril a noviembre de 2009-, vuelve a tratarse el asunto de la desconfianza en la información disponible.
La ACF destacó que “Puerto Rico no tiene un sistema estatal de información que identifique a tiempo o capture información con respecto al status, las características demográficas, localización y metas de ubicación para todos los niños en hogares de crianza”.
Las intervenciones federales no son exclusivas del presente.Los casos símbolos de la corrupción en Puerto Rico – sobre el despilfarro de fondos federales- siguen siendo los del ex secretario de Educación Victor Fajardo, quien en el año 2000 fue convicto por desviar sobre $4 millones hacia su propio bolsillo y las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP), y el fraude de cientos de miles de dólares contra el Instituto del Sida, por el cual fueron convictos varios legisladores del PNP, un ex alcalde, abogados y médicos. Bajo el gobierno de Carlos Romero Barceló, en 1979, se inició el largo proceso judicial en el Tribunal Federal de San Juan contra el hacimiento en las cárceles. Las partes llegaron este año a un acuerdo sobre el tema principal del hacinamiento, pero otros asuntos siguen pendientes.

A las mujeres embarazadas bajo la cubierta de MCS en Mi Salud

18 Septiembre 2011
 Deben seguir los servicios
Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com
Las mujeres beneficiarias del plan de salud del Gobierno MCS que ya se encuentren en su segundo trimestre de gestación no deben ver interrumpido los servicios que reciben de un ginecólogo obstetra.
Así lo recalcó ayer el procurador de la Salud, Carlos Mellado, quien dijo que el que no cumpla con esto -sea la aseguradora o el proveedor- se expone a sanciones monetarias que pueden alcanzar los $5,000 por cada paciente que se querelle.
En el caso de la aseguradora, puntualizó Mellado, se expone también a multas -cuya cuantía no precisó- con la Oficina del Comisionado de Seguros y con la Administración de Seguros (ASES). Precisó que así lo establece el reglamento de la Ley 142 de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Exhortó a toda paciente embarazada de Mi Salud que le hayan negado servicios ginecológicos a quejarse a su oficina o llamar al 1-800-981-0031.
Aseguró que mañana a las 2:00 de la tarde habrá una reunión en su oficina con directivos de MCS y de ASES luego de que trascendiera que la aseguradora canceló desde junio el contrato que tenía con todos los ginecólogos y obstetras que daban servicios bajo Mi Salud. A esos efectos, MCS envió una carta el 24 de junio de este año.
Súbitamente, en julio pasado se dieron por terminadas las relaciones contractuales entre MCS y el Gobierno, lo que provocó un disloque en los servicios de más de 8,000 personas beneficiarias de Mi Salud. El proceso de transición aún continúa.
Mellado dijo que se enteró de la notificación de MCS hace algún tiempo, pero que solo recibió una querella de una paciente.
Explicó que cualquier terminación de contrato tiene 90 días de período de transición, pero ese tiempo es nulo en el caso de pacientes embarazadas en su segundo trimestre. “En ese caso, el proveedor tiene que seguir dando tratamiento médico hasta que hayan sido dados de alta la mamá y el bebé”, explicó.
Agregó que MCS “es responsable” de conseguirle un ginecólogo a aquellas mujeres desprovistas del servicio.
El presidente de MCS/HMO, José Durán explicó ayer que la misiva enviada, era solo para cancelar los contratos con ginecólogos de la red general. “Esa carta no tiene nada que ver con la transición sino con la adecuacidad de la red general que se determinó mantener los proveedores ginecólogos dentro de la red preferida”, explicó Durán.
Reconoció que la carta pudo causar confusión entre los proveedores y, por ende, algunos descontinuaron sus servicios a pacientes. Dijo que a esos proveedores los están llamando para asegurarle la continuidad de los pagos.
Recalcó que “los servicios a las pacientes embarazadas están garantizados. Nosotros estamos en transición con ASES hasta octubre 31. Los servicios se están pagando y se van a seguir pagando”.
Las embarazadas que hayan visto afectada su supervisión médica pueden llamar al 1-888-758-1616, dijo Durán.

A las mujeres embarazadas bajo la cubierta de MCS en Mi Salud

18 Septiembre 2011
 Deben seguir los servicios
Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com
Las mujeres beneficiarias del plan de salud del Gobierno MCS que ya se encuentren en su segundo trimestre de gestación no deben ver interrumpido los servicios que reciben de un ginecólogo obstetra.
Así lo recalcó ayer el procurador de la Salud, Carlos Mellado, quien dijo que el que no cumpla con esto -sea la aseguradora o el proveedor- se expone a sanciones monetarias que pueden alcanzar los $5,000 por cada paciente que se querelle.
En el caso de la aseguradora, puntualizó Mellado, se expone también a multas -cuya cuantía no precisó- con la Oficina del Comisionado de Seguros y con la Administración de Seguros (ASES). Precisó que así lo establece el reglamento de la Ley 142 de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Exhortó a toda paciente embarazada de Mi Salud que le hayan negado servicios ginecológicos a quejarse a su oficina o llamar al 1-800-981-0031.
Aseguró que mañana a las 2:00 de la tarde habrá una reunión en su oficina con directivos de MCS y de ASES luego de que trascendiera que la aseguradora canceló desde junio el contrato que tenía con todos los ginecólogos y obstetras que daban servicios bajo Mi Salud. A esos efectos, MCS envió una carta el 24 de junio de este año.
Súbitamente, en julio pasado se dieron por terminadas las relaciones contractuales entre MCS y el Gobierno, lo que provocó un disloque en los servicios de más de 8,000 personas beneficiarias de Mi Salud. El proceso de transición aún continúa.
Mellado dijo que se enteró de la notificación de MCS hace algún tiempo, pero que solo recibió una querella de una paciente.
Explicó que cualquier terminación de contrato tiene 90 días de período de transición, pero ese tiempo es nulo en el caso de pacientes embarazadas en su segundo trimestre. “En ese caso, el proveedor tiene que seguir dando tratamiento médico hasta que hayan sido dados de alta la mamá y el bebé”, explicó.
Agregó que MCS “es responsable” de conseguirle un ginecólogo a aquellas mujeres desprovistas del servicio.
El presidente de MCS/HMO, José Durán explicó ayer que la misiva enviada, era solo para cancelar los contratos con ginecólogos de la red general. “Esa carta no tiene nada que ver con la transición sino con la adecuacidad de la red general que se determinó mantener los proveedores ginecólogos dentro de la red preferida”, explicó Durán.
Reconoció que la carta pudo causar confusión entre los proveedores y, por ende, algunos descontinuaron sus servicios a pacientes. Dijo que a esos proveedores los están llamando para asegurarle la continuidad de los pagos.
Recalcó que “los servicios a las pacientes embarazadas están garantizados. Nosotros estamos en transición con ASES hasta octubre 31. Los servicios se están pagando y se van a seguir pagando”.
Las embarazadas que hayan visto afectada su supervisión médica pueden llamar al 1-888-758-1616, dijo Durán.

Quedan sin servicio ginecológico 12,000 embarazadas

17 Septiembre 2011
Quedan sin servicio ginecológico 12,000 embarazadas
Por Marga Parés Arroyo / Mpares@elnuevodia.com

Doctores no fueron notificados de cancelación de Mi Salud


A unas dos semanas de dar a luz, Tamarye Pantoja, de 16 años, se encuentra ante la incertidumbre de cómo costeará el parto. Esto, luego de que su médico, José Luis Ortiz Colón, le informara ayer, en una visita prenatal, que recientemente se enteró que su contrato, al igual que el de todo ginecólogo obstetra de la red general de MCS, había quedado cancelado para ofrecer servicios a beneficiarios de Mi Salud.
Tras recibir la noticia, tanto Pantoja como Eduardo Rivera, de 19 años, permanecían casi mudos. Rebeca Pagán, madrina de Pantoja y quien se encarga de llevarla a sus citas médicas y costear algunos gastos relacionados, lucía furiosa.
“El médico no se ha negado a dar los servicios, pero ahora hay que costear los gastos y no se sabe cuánto es”, dijo.
Ayer Pagán fue a la oficina de MCS en Manatí, con una hoja de “Compromiso de Pago” que el médico le pidió que llevara para autorizar los servicios.
Allí, alegadamente, le indicaron que el médico no había firmado contrato y la exhortaron a solicitar servicios en Centro Médico, lo que catalogó como “inaceptable”, particularmente por la cercanía del parto. Pagán, sin embargo, tiene copia de una carta donde MCS certificó que Pantoja sería atendida por Ortiz Colón hasta noviembre.
El Nuevo Día obtuvo copia de la carta que se le envió a “todos los ginecólogos y obstetras participantes de la red general de MCS”. Fechada el 24 de junio, esta informa de la cancelación de los contratos, aunque indica que a embarazadas en su segundo trimestre “el período de transición puede ser extendido hasta la fecha de alta de hospitalización de la madre por razón de parto o a la fecha de alta del neonato, la que sea posterior”.
Sin embargo, el caso de Pantoja demuestra lo contrario. Y no es el único. Tanya Vega, de 31 años y ocho meses de embarazo, también se enteró ayer de que a su proveedor de salud, Ortiz Colón, le fue cancelado el contrato.
“A mi entender la cubierta de MCS, durante el período de transición, iba a ser hasta el 31 de octubre”, dijo.
Por su parte, Ortiz Colón comentó que se enteró de la cancelación del contrato cuando la semana pasada una colega fue a la aseguradora a reclamar por unas facturas no pagadas.
Junto al doctor Ángel Luis Gelpí y William Ramírez Cacho, de la Cooperativa Oby/Gyn, Ortiz Colón explicó que son muchas las pacientes que han enviado a MCS para que se les autorice la continuación de servicios, aunque allí supuestamente les informan “que esos son asuntos del proveedor y los envían a San Juan, a Centro Médico”.
Recalcó que ginecólogos del área norte y otras regiones de MCS desconocían de la situación pues “ya es común que las reclamaciones vengan en cero”.
“Esta es la crónica de una muerte anunciada”, comentó Gelpí, presidente de la cooperativa, quien indicó que ya le han informado de esta situación al senador Ángel “Chayanne” Martínez; al procurador de la Salud, Carlos Mellado; al Colegio Médicos y a la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Sin embargo, al cierre de esta edición, el director de ASES, Frank Díaz Ginés, aseguró -mediante comunicado de prensa- que desconocía de la situación y que fue ayer mismo que MCS le ratificó la cancelación de los contratos.
Recalcó que ello “no procedía” y que “bajo ninguna circunstancia” las pacientes deben quedar desprovistas de atención médica. Según él, el gobierno tiene al día los pagos con MCS.Por lo pronto, ayer Ortiz Colón se preparaba para atender un parto de una asegurada de Mi Salud. “Lo que queremos es que se nos garantice el pago”, recalcó.ContradiccionesEl presidente de MCS/HMO, José Durán, negó ayer tarde, a través de una escueta declaración escrita, que la aseguradora le esté limitando la cubierta a las 12,000 embarazadas que están actualmente recibiendo servicios médicos en las cinco regiones que la Administración de Seguros de Salud (ASES) les había asignado. “MCS no ha limitado el acceso a los servicios a sus asegurados. La carta a la que se hace referencia fue una comunicación dirigida a los proveedores y garantiza la continuidad de servicios a los mismos”, dijo Durán.12 milEmbarazadas recibiendo servicios en las cinco regiones que MCS maneja bajo Mi Salud (Oeste, Norte, Metro Norte, San Juan y Este) 480 Ginecólogos obstetras contratados bajo MCS en sus cinco regiones. 829,100 Cantidad de asegurados que tiene MCS en sus cinco regiones

Arrestan a grupo de hombres por prostitución

17 Septiembre 2011
4:23 p.m.
Las intervenciones ocurrieron en Caguas
Por El Nuevo Día
Diez hombres fueron arrestados hoy por presuntamente prostituirse en varios puntos del municipio de Caguas, informó la Policía.
Según el informe del caso, las intervenciones fueron en la barriada Morales, en las calles Betances, Modesto Solá, Georgetti, y las avenidas Rafael Cordero y José Mercado.
Además de los arrestos por ofrecer sexo a cambio de dinero, a cinco de los detenidos se les imputó cargos por sustancias controladas.
Las personas fueron citadas para el 11 de octubre en el Tribunal de Caguas.

37- 40 estudiantes pinchados con jeringuilla en Arroyo- PR

16 Septiembre 2011
Pinchazos que asustan en Arroyo
Alumnos de Arroyo reciben tratamiento preventivo

Por Cynthia López Cabán / End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
Arroyo - Una treintena de estudiantes de la Escuela Intermedia José D. Choudens de este pueblo recibía ayer tratamiento preventivo para evitar enfermedades contagiosas, luego que otra compañera los pinchó con una jeringuilla en un confuso incidente ocurrido este pasado martes, 13 de septiembre.
En rueda de prensa en el plantel escolar, el secretario de Educación, Jesús Rivera, y el de Salud, Lorenzo González, explicaron que 33 de los 37 estudiantes afectados iniciaron el tratamiento con antivirales después de que se les realizaron las pruebas de sangre para detectar hepatitis y el virus de inmunodeficiencia humana.
Los padres de los otros cuatros menores no se comunicaron inicialmente con Salud, pero ayer algunos llegaron al Centro de Convenciones donde ofrecían servicios el Departamento de la Familia y de Salud.
Estos menores y sus pares también recibían ayuda de psicólogos y consejeros de Educación y de la Familia para superar el trauma.
¿Qué pasó?
El incidente ocurrió durante la hora de almuerzo y el primer periodo de clases de la tarde.
“Ella pinchó a un estudiante cerca de la escalera. Se iba corriendo y pinchaba a otro cerca del comedor y en diferentes áreas de la escuela. No es hasta que pincha a un estudiante cerca del guardia escolar que éste la detiene y se apodera de la jeringuilla”, relató Rivera.
Los jóvenes, que sufrieron pinchazos en los glúteos, brazos y muslos, recibieron atención médica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Arroyo previo a la intervención de Salud, pero por el costo del tratamiento preventivo, la agencia se comprometió a suplir los medicamentos.
Rivera indicó que se desconocían las razones para la acción de la estudiante y la procedencia de la aguja porque había varias versiones. Entre estas, que había encontrado la jeringuilla en un lugar cercano a un hospital que había visitado con su mamá. En otra, que la tomó del hospital.
Pero madres y maestras entrevistadas bajo anonimato -por temor a represalias- señalaron que la estudiante había llevado la jeringuilla a la escuela para perforar las orejas de sus compañeros. Anticiparon que el número de estudiantes podría aumentar porque algunos guardan silencio por miedo.
La menor, de 14 años, que agredió a sus pares permanecía bajo la custodia de Familia y suspendida de clases. Previo al incidente vivía con su abuela.
Por tratarse de una menor Rivera evitó ofrecer detalles del caso, pero González comentó que creía que existía un historial previo de salud mental.
En torno a los pinchazos, González dijo que existía una baja posibilidad de contagio porque no se encontró sangre en la jeringuilla, situación que no sugería intercambio de fluidos, y porque muchos de los pinchazos eran superficiales.
“La jeringuilla se envió a medicina forenses para análisis”, según ambos funcionarios.
Se espera que la Procuradora de Menores radique contra la estudiante faltas por agresión y violación a la Ley de Armas por cada joven agredido.
Alumnos afectados
18
varones
19
mujeres
17
séptimo grado
12
octavo grado
8
noveno grado

Engaño que se repite contra el Medicare

02 Septiembre 2011
 Fiscalía Federal los acusa de reclamar cientos de miles a Medicare por servicios que no daban
Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com
El fraude al plan de salud de Medicare, de radicar reclamaciones por servicios no prestados y de proveer equipo médico o medicinas que no necesitan los beneficiarios, lleva una ruta alcista en Puerto Rico y ayer la Fiscalía Federal radicó cuatro nuevas acusaciones contra una decena de personas que lograron presuntamente obtener millonarios reembolsos ilegalmente.
Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal, destacó que el problema del fraude a Medicare, que en Puerto Rico abarca a 600,000 beneficiarios, afecta seriamente a los envejecientes, una de las comunidades más vulnerables de la sociedad, y ante el incremento de estos casos en el País las agencias federales han designado más personal para investigar los distintos esquemas de fraude.
“Medicare es el plan de salud de todos nosotros y sirve a las comunidades más vulnerables como son los envejecientes. Los arrestos de hoy (ayer) demuestran que las autoridades de ley y orden no vamos a tolerar a los criminales que participen en estos esquemas fraudulentos para enriquecerse, los cuales provocan un efecto detrimental en los fondos de Medicare, que están destinados a ayudar nuestra población de envejecientes”, destacó Rodríguez Vélez.
Triplican la cifra de agentes
Según la fiscal federal Julia Díaz Rex, coordinadora del ‘task force’ de Fraudes a Planes Médicos y quien está a cargo de los casos anunciados ayer por Rodríguez Vélez, el problema del fraude a Medicare ha provocado que el Departamento de Salud Federal y la Oficina del Inspector General (HHS) tripliquen la cantidad de agentes federales para investigar estos casos.
“Si quieres una idea de cómo está el fraude en Puerto Rico a planes de salud, teníamos tres agentes de HHS y ahora son nueve. Eso es bien significativo, triplicar el número de agentes es significativo”, destacó Díaz Rex.
El año pasado, el Departamento de Justicia federal recuperó más $5,000 millones por concepto de fraude a Medicare en todo Estados Unidos.
La fiscal Díaz Rex explicó que cuando radican las acusaciones, solicitan confiscaciones y ese dinero va a un fideicomiso para restablecer las pérdidas al plan de salud.
Ayer HHS junto a la oficina del Servicio Secreto de Estados Unidos realizó 13 órdenes de arresto, entre las que estaban las emitidas contra los galenos hermanos José López Díaz, un médico generalista, y Carlos López Díaz, quien es dentista.
“Durante la conspiración, entre enero de 2006 y julio de 2011, José López Díaz facturó a Medicare por servicios que no había ofrecido, incluyendo 1,825 reclamaciones por servicios que supuestamente le había dado a pacientes en la Sala de Emergencia del Guaynabo Medical Center cuando la realidad es que nunca ha trabajado en esa clínica”, señaló Rodríguez Vélez.
En ese esquema participaron las dos hijas de José, Nicole y Ana López Villamil.
Desde el 2008 hasta el presente, incluyendo los tres galenos arrestados ayer, más de 15 doctores han sido acusados por las autoridades federales por cometer fraude a planes de salud.
Llenos de lujos
“La gente viola la ley para enriquecerce rápidamente, tener objetos de lujos, tener propiedades caras y un mejor ‘standing’ social. El caso de hoy (ayer) es un ejemplo claro de esto. Tenía un Lexus, una propiedad en la urbanización Paseo de San Juan con un valor sobre $1 millón, un apartamento en Río Mar de $500,000 y 100 piezas de joyería fina que incluye pulseras John Hardy, David Yurman y piedras preciosas valoradas en $500,000”, declaró la Fiscal Federal.
Según Rodríguez Vélez las personas que se meten en estos esquemas fraudulentos solo buscan un mejor estilo de vida a expensas de otros.
Serio problema en Puerto Rico
“Puerto Rico tiene un serio problema con los casos de fraude. El líder en estos casos es Miami, pero Puerto Rico está en una posición alta con reclamaciones falsas a Medicare mayormente por equipos médicos que no necesitan los beneficiarios como sillas de rueda eléctricas o prótesis”, indicó por su parte Thomas O’Donell, director del Departamento de Salud Federal y Oficina del Inspector General.
“Quieren un mejor estilo de vida aun cuando son médicos y quieren más. La forma de tener ese beneficio adicional económico es violando la ley”, dijo, por su parte, la jefa de la Fiscalía Federal al intentar explicar qué lleva a médicos con una carrera a incurrir en delitos que podrían costarle su futuro profesional.
Otros implicados
Ayer, en las cuatro acusaciones emitidas por un gran jurado federal el 26 y 29 de agosto, entre ellas una acusación enmendada, los esquemas de fraude al Medicare fueron distintos y además de médicos fueron arrestados Damaris Carrasco Flores, presidenta de Las Piedras Medical Equipment y Nahomy Báez Martínez, exempleada de Medicare y Mucho Más (MMM).
“Este acto aislado es uno lamentable que no representa los valores y compromiso de nuestros más de 1,300 empleados que día a día se afanan por servir con calidad a nuestros afiliados. Nuestra empresa se destaca por hacer lo correcto y tenemos cero tolerancia en estos casos”, reaccionó por su parte, Orlando González, presidente de MMM.

Cuestionan las prácticas de los médicos

06 Septiembre 2011
11:50 a.m.
Ponen en entredicho a los planes médicos en su manejo de la salud mental
Por Daniel Rivera Vargas
Las prácticas de los planes médicos relacionadas a servicios de salud mental fueron cuestionadas por dos agencias de gobierno y un grupo no gubernamental en un informe que está pautado a ser recibido hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.
Se trata del informe de la resolución 1488 que evaluaba la continuidad de los servicios de farmacoterapia en los pacientes de salud mental. El presidente de la comisión de salud, José "Pichy" Torres, recomienda al cuerpo que a raíz del informe se apruebe legislación que se le de mayor prioridad en la agenda gubernamental al tema de la salud mental y se promueva la expansión de los servicios de tratamiento.
"Algunas aseguradoras no reconocen la capacidad de los médicos primarios para identificar enfermedades mentales, condicionando la prescripción de medicamentos al psiquiatra. Ahora bien, los especialistas en psiquiatría no están disponibles en todo momento, excepto en hospitales especializados para tratar enfermedades mentales y para condiciones de emergencia. Este concepto de algunas aseguradoras obliga al médico primario a referir al paciente a una sala de emergencia psiquiátrica, cuando en realidad no hay indicaciones relativas en absolutas, incurriendo en costos innecesarios", expone la Administración de Servicios Médicos (ASEM) en el informe final sobre la resolución de la Cámara 1488.
La ASEM también indica que las aseguradoras proveen los medicamentos por menos tiempo que el recetado por los médicos. "Pone en riesgo la continuidad y el éxito del tratamiento, y por otro lado crea un potencial riesgo para el paciente", según la ASEM.
Mientras, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) dice que en algunos medicamentos "algunos planes médicos limitan el pagar la receta a su beneficiario a menos que la receta haya sido hecha por un psiquiatra".
Según continúa el informe, esto obliga a las poersonas a ir a un pisquiatra a veces aunque esa no es su deseo, o en algnos casos a que los ciudadanos paguen de su propio peculio los medicamentos por diversas razones, como que se les hace difícil localizar a un psiquiatra o porque "tiene gran estigma visitar al psiquiatra".
En la ponencia, Assmca también dice que cualquier médico licenciado, sin importar su especialidad, puede recetar medicamentos como psicotrópicos, lo que "puede resultar en el uso indebido de estos medicamentos".
Mientras tanto, la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico indica que "a través de los últimos 30 a 40 años las compañías de seguros médicos son los que han fijado los parámetros de tratamiento de la medicina privada en Puerto Rico" y que "las aseguradoras no cubren la red de servicios esenciales que complementan el continuo de servicios tales como terapia recreativa, terapia ocupacional y limitan severamente otros servicios de tratamiento como tratamiento ambulatorio intensivo, diurnos, medicamentos psicotrópicos, etcétera".

Renuncia la directora de Assmca

03 Septiembre 2011
Carmen Torres informó que atenderá asuntos de índole familiar
Por Cynthia López Cabán / End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
Inesperadamente, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carmen Román Torres, renunció a su cargo ayer para atender asuntos familiares.
En entrevista con El Nuevo Día, Román aseguró que dimitió al cargo para atender a su madre enferma y para disfrutar del retiro, una decisión que había pospuesto para formar parte del equipo del secretario de Salud, Lorenzo González.
“Estoy tranquila”, indicó la funcionaria, que ocupó la dirección de Assmca durante poco más de un año.
Explicó que tomó la decisión solamente por consideraciones personales y luego de cumplir varios de los objetivos que se trazó al asumir el puesto: lograr que el Hospital Psiquiátrico recibiera la acreditación de la Joint Commission e impulsar con éxito el programa de buprenorfina del Gobierno.
“En las próximas semanas se recibirá la acreditación”, apuntó.
“Ya cumplí con mi encomienda. Creo que es el momento de irme para atender la salud de mi mamá y para disfrutar de mi retiro”, afirmó Román.
Precisamente, por el programa de buprenorfina, Román tuvo desavenencias con José Vargas Vidot cuando se planteó que el salubrista abriría unos centros de metadona y buprenorfina para adictos en Assmca.
La funcionaria interpretó dicha acción como un tipo de privatización de los servicios y un intento por sustituir los centros de metadona de la agencia.
Al divulgar la renuncia, el secretario de Salud informó que queda en la agencia como administrador interino José Aponte, quien se desempeña actualmente como administrador auxiliar de Asuntos Gerenciales.
“Agradecemos la labor de excelencia de la doctora Román mientras estuvo al frente de la agencia. Le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro”, apuntó González en un parte de prensa.