Ahora hay intervenciones federales significativas sobre Educación, Familia, la Policía y el acceso a los beneficios del Seguro Social por incapacidad
WASHINGTON - La lupa federal se ha fijado más cerca de los departamentos del gobierno de Puerto Rico, lo que ha puesto en tela de juicio la prudencia y el orden con la cual las autoridades de la Isla manejan miles de millones de dólares de programas estadounidenses.
En términos de las intervenciones federales no hay caso más espectacular reciente que los recientes hallazgos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las continuas violaciones cometidas por la Policía contra los derechos civiles y constitucionales de los residentes de la Isla.
Pero en este momento hay también intervenciones federales significativas sobre los departamentos de Educación, Familia y el alto acceso que se tiene en Puerto Rico a los beneficios del Seguro Social por incapacidad.
En diciembre pasado, además, la propia Oficina del Gobernador fue señalada por la falta de controles internos adecuados para supervisar la distribución de los más de $1,140 millones que recibió directamente en fondos de educación de la ley ARRA de 2009.
Para la excontralor Ileana Colón Carlo, la mayor fiscalización federal refleja que la Oficina del Contralor que una vez ella encabezó ha perdido efectividad.
“En el pasado el inspector general nos pedía hacer nosotros las intervenciones, ahora si no lo hacen en Puerto Rico pues ellos tienen que intervenir”, dijo Colón Carlo, quien dirigió la Contraloría desde 1987 a 1997.
A pesar de que a mediados de junio pasado se dio por cumplido un acuerdo de entendimiento que desde 2007 regulaba principalmente el uso de los fondos federales para el aprovechamiento académico de los programas título 1 y educación especial, dos semanas después el Departamento de Educación federal decidió mantener bajo supervisión estricta el funcionamiento del programa de educación especial.
Las fallas reiteradas en julio pasado sobre educación especial, conocidas hace unos días, incluyen el manejo de los contratos de transportación.
Las deficiencias del sistema contratos son un problema recurrente y de “alto riesgo” en los señalamientos federales no sólo de Educación, como indica un informe de enero pasado de la Oficina del Inspector General de Educación federal, sino en otras agencias.
“El problema mayor es el del favoritismo. Por ser mi amigo o mi pariente te favorezco a ti. Cuando esto ocurre se influye en las subastas independientemente de si las personas tienen las destrezas y calificaciones para manejar los fondos”, sostuvo Colón Carlo.
Por el momento no habrá sanciones contra el DE que impliquen congelar las asignaciones de los cerca de $112 millones que recibe el programa de educación especial de Puerto Rico. Pero eso será una posibilidad sin en los próximos dos años no se eliminan las fallas señaladas.
Falta de continuidad
La falta de continuidad de los programas y de los empleados con experiencia en el manejo de los fondos federales ha sido otro factor presente en las críticas del gobierno estadounidense.
Los primeros informes de Educación federal sobre el DE a principios del gobierno de Luis Fortuño, por ejemplo, hicieron hincapié en la importancia de haber mantenido a comienzos del cuatrienio parte del equipo de la anterior administración.
Después de momentos de tensión que coincidieron con los cambios administrativos generados por el despido de empleados como consecuencia de la ley 7, Fortuño tuvo que colocar al DE en una sindicatura local para evitar un descalabro.
En el informe sobre el funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, Justicia federal destacó, además, la alta influencia de la política partidista en el cuerpo policial, al punto que “repercute negativamente en el grado de confianza que los agentes tienen en sus superiores” y en cualquier posibilidad de reforma.
La falta de documentación fiable es otro mal recurrente.
“Al Gobierno federal le gustaría que se maneje información electrónica de una manera consistente”, indicó el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi, quien estuvo la semana pasada en reuniones en Washington.
Como parte del análisis en torno a la Policía, en el Departamento de Justicia causó alarma la cantidad de querellas que la Policía documenta y archiva en papel, según fuentes federales.
En un estudio de 2010, la Administración Federal de Asuntos de Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) -adscrita al Departamento de Salud estadounidense- determinó, por su parte, que el Departamento de la Familia de Puerto Rico no cumplía con los estándares necesarios para garantizar el bienestar de los niños bajo su custodia.
Entre los hallazgos -tras un análisis de los meses de abril a noviembre de 2009-, vuelve a tratarse el asunto de la desconfianza en la información disponible.
La ACF destacó que “Puerto Rico no tiene un sistema estatal de información que identifique a tiempo o capture información con respecto al status, las características demográficas, localización y metas de ubicación para todos los niños en hogares de crianza”.
Las intervenciones federales no son exclusivas del presente.Los casos símbolos de la corrupción en Puerto Rico – sobre el despilfarro de fondos federales- siguen siendo los del ex secretario de Educación Victor Fajardo, quien en el año 2000 fue convicto por desviar sobre $4 millones hacia su propio bolsillo y las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP), y el fraude de cientos de miles de dólares contra el Instituto del Sida, por el cual fueron convictos varios legisladores del PNP, un ex alcalde, abogados y médicos. Bajo el gobierno de Carlos Romero Barceló, en 1979, se inició el largo proceso judicial en el Tribunal Federal de San Juan contra el hacimiento en las cárceles. Las partes llegaron este año a un acuerdo sobre el tema principal del hacinamiento, pero otros asuntos siguen pendientes.
